Misael Carrasco
En una decisión que ha generado polémica, el expresidente peruano Alberto Fujimori fue liberado el miércoles 6 de diciembre del penal de Barbadillo, siguiendo la orden del Tribunal Constitucional (TC) de ejecutar su inmediata excarcelación. Esta medida desafía el pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que solicitó al Estado peruano no llevar a cabo la liberación hasta contar con todos los elementos necesarios para evaluar si el fallo cumple con las condiciones establecidas.
Fujimori, de 85 años, abandonó la prisión en compañía de sus hijos, Keiko y Kenji Fujimori, luego de que el TC emitiera por segunda vez en una semana la orden de liberación inmediata. Esta situación ha avivado el debate sobre su salida de prisión, la cual se produjo a través de un indulto concedido por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en la noche de Navidad de 2017.
Cabe destacar que la Corte IDH emitió una resolución en la que insta al Estado peruano a no ejecutar la orden del TC, argumentando que se busca “garantizar el derecho de acceso a la justicia” para las víctimas de las dos masacres ocurridas durante el gobierno de Fujimori. El expresidente cumple una condena de 25 años de prisión por su papel como autor mediato en estos crímenes, ejecutados por un escuadrón militar vinculado al grupo terrorista Sendero Luminoso.
La presidenta Dina Boluarte y sus ministros no se han pronunciado públicamente sobre el tema. Sin embargo, el jefe de la agencia carcelaria, Javier Llaque, declaró que la liberación de Fujimori el martes se debió a un error de trámite del Tribunal Constitucional, el cual se espera que sea subsanado.
Cabe recordar que el indulto otorgado a Alberto Fujimori en 2017 fue anulado en 2022 por la justicia peruana debido a graves irregularidades. Desde entonces, el proceso ha experimentado varias idas y venidas judiciales hasta llegar a la actual liberación del expresidente.
Antecedentes del Caso:
Alberto Fujimori fue condenado en 2009 como autor mediato en dos matanzas perpetradas por un escuadrón militar durante la lucha contra Sendero Luminoso. La primera tuvo lugar en 1991 en Barrios Altos, Lima, donde militares encapuchados asesinaron a 15 personas en una fiesta. La segunda matanza ocurrió en 1992, cuando militares secuestraron y asesinaron a nueve universitarios y un catedrático. La sentencia establece que este grupo militar clandestino, financiado por la gestión de Fujimori, operaba bajo la fachada de una oficina de arquitectura.
